La legislación que regula el sector primario en Europa es ingente. Lo es la que parte de Bruselas y lo son las correspondientes normas que transponen lo europeo a España y Cantabria. Varios de esos preceptos y otros habrían sido vulnerados en noviembre de 2006 por parte del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería y Pesca, Jesús Oria, al conceder una «subvención» de 360.000 euros, por conceptos no subvencionables, con cargo a la empresa pública Sodercan (encargada de desarrollo industrial y dependiente de Industria). El beneficiario: la Organización de Productores de Pesca de Altura de Cantabria (Opeca), habitual aliada de la Consejería regionalista.

En un escrito Oria dice conceder la «subvención de 360.607, 26 euros para hacer frente a los gastos de adquisición de derechos de pesca, de funcionamiento de la Opeca y derivados de los daños ocasionados por el incendio sucedido en los almacenillos del Puerto de Santander». Como se ve por este último concepto, Oria actúa, a través de los fondos de la empresa pública Sodercan, como aseguradora de los socios de la Opeca. Además, fuentes del sector pesquero han defendido a preguntas de este diario que «la adquisición de derechos de pesca no es un concepto legalmente subvencionable».
En lo que toca al segundo concepto, existe legislación: Real Decreto 3448/2000, de 22 de diciembre, por el que se establecía la normativa básica de las ayudas estructurales en el sector pesquero (vigente hasta el 11 de octubre de 2009). El Gobierno de Aznar aprobó esta norma para transponer el Reglamento (CE) 2792/1999. El articulo 57 de ese Real Decreto afirma que el Ministerio o los órganos competentes de las Comunidades Autónomas (la Consejería de Oria) podrán «fomentar la constitución y facilitar el funcionamiento de las organizaciones de productores». En el punto a), completa: «...durante los tres años siguientes a la fecha de reconocimiento».
No obstante, la Opeca fue constituida el 14 de julio de 1998 y reconocida por la Consejería de José Álvarez Gancedo (PRC) ese mismo año. Europa lo hizo al año siguiente. La organización, según la legislación nacional y continental no debió haber recibido ayudas para gastos corrientes más allá de 2001. Merced a Oria lo hizo, seguro, en 2006.
¿Sodercan?Hay más: Sodercan S.A. es la empresa del Gobierno de Cantabria dependiente de la Consejería de Industria, por aquel año, responsabilidad del socialista Miguel Ángel Pesquera. Entre sus objetivos declarados están: «1.El fomento del talento emprendedor y de la creación de nuevas empresas. 2.La captación de inversiones exteriores. 3.Apoyo al desarrollo de las empresas con capacidad de competir. 4.Apoyo a la transformación de empresas de sectores maduros con dificultades para competir en un escenario global. 5.Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento y acercamiento a la Administración pública».
Si bien no queda claro en cuál de esos objetivos se puede incardinar la ayuda que Oria propició para la Opeca desde las arcas públicas, lo más destacable es que, según ha podido comprobar EL MUNDO, por parte de la Consejería de Oria es habitual la disposición de los fondos del, desde 2007, Grupo Sodercan.

En este punto es necesario recordar que, merced al Gobierno de Cantabria, las cuentas detalladas del grupo de empresas públicas permanecen inaccesibles, toda vez que el Ejecutivo no ha remitido, ignorando los requerimientos del Grupo Popular, al Parlamento de Cantabria, sus libros mayores y de contabilidad.
La última vez que la sociedad cántabra supo de las cuentas internas de la empresa pública en manos socialistas (la Consejería de Industria siempre ha sido del PSOE desde 2003, primero con Miguel Ángel Pesquera, luego con Javier del Olmo –desde verano de 2007– y después con Juan José Sota –desde marzo de 2009–) estalló la polémica. La diputada popular María Antonia Cortabitarte desglosó en 2007 el libro mayor de Sodercan del año 2005: 30.000 euros fueron pagados en efectivo y 195.000 con tarjeta, sólo en comidas; otros 36.000 figuraban como «gastos varios»; había banquetes por valor de 1.800, 2.100, 2.700 y hasta 3.000 euros; 372.000 euros en viajes a Eslovenia, Rusia, México, Italia, Bélgica, Hungría, Rumanía, Francia, Alemania, Reino Unido, Costa Rica, Marruecos, Madeira, República Dominicana y China (9 veces). A raíz de esas informaciones, tanto CC OO como UGT pidieron a Dolores Gorostiaga (vicepresidenta regional) que el sustituto de Pesquera declarara siempre el objeto de cada viaje y los resultados obtenidos. Del Olmo no hizo tal cosa.
La Consejería de Oria transfiere fondos de esa sociedad pública sin control alguno, a pesar de que Sodercan pertenece a otra Consejería y de que su objeto social no parece concordar con las ayudas. Lo hace de forma habitual; este periódico ha tenido acceso a comprobantes bancarios en los que el ordenante de cantidades superiores a 50.000 euros es Sodercan S.A. y los benficiarios son barcos y empresas armadoras. Sin expediente; sin control.
Por otro lado, EL MUNDO, a través de un documento interno de la Opeca, ha podido conocer cómo se repartieron esos 360.000 euros. 42.000 fueron a parar a Armement Tenia S.A.R.L., empresa francesa de un barco con pabellón francés. El dato no pasaría más allá de ser una anécdota de dudosa oportunidad ética (el Gobierno de Cantabria financiando un barco galo) si no fuese porque Armement Tenia pertenece no sólo a la Opeca, sino a la organización de productores de Chingudy (Francia), también.

La pertenencia a dos organizaciones de productores es algo taxativamente prohibido (para evitar doble cobro de ayudas, entre otros posibles fraudes) por la legislación europea (el artículo 5.1.c.3 del Reglamento (CE) 104/2000, impone que las organizaciones de productores deben «garantizar que todo buque sea miembro, por producto o grupo de productos, de una única organización de productores») y española (el artículo 8.e del R.D. 724/2003 consagra entre las obligaciones de las organizaciones «exigir que los buques o instalaciones acuícolas de sus miembros no pertenezcan a otra organización de productores pesqueros, por producto o grupo de productos para los cuales se han asociado»).
El último episodio (hasta hoy) de esta historia lo firmó a comienzos de 2007 en Castro Urdiales el director general de Pesca, Fernando Torrontegui. En una reunión con representantes de pescadores, y según han manifestado a EL MUNDO personas conocedoras de lo ocurrido allí, Torrontegui fue preguntado por la subvención concedida a la Opeca de «180.000 euros» (los 360.000 fueron divididos en dos partidas). El director habría dicho que iban destinados a «una campaña de fomento de consumo del atún en conjunción con el Gobierno vasco».